Uno de los aspectos centrales del discurso de la llamada cuarta transformación es la insistencia que este gobierno no es igual a los anteriores. López Obrador prácticamente lo repite a diario.
Para él es muy importante que la población lo perciba como alguien que rompió con el pasado y está tratando de hacer las cosas de manera distinta con el fin de “purificar la vida pública nacional”.
Aunque la realidad ha mostrado con frecuencia que la diferencia es muchas veces narrativa, indudablemente le ha funcionado: de acuerdo a las encuestas, una mayoría de mexicanos se ha creído el cuento de un gobierno diferente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al presidente decir que ahora ya no hay influyentismo, lujos en el gobierno, masacres, corrupción, represión y espionaje, prácticas que efectivamente eran comunes y corrientes en los gobiernos de antes? Pero la realidad es canija.
No es fácil cambiar usos y costumbres tan habituales, por más que quiera y/o presuma AMLO. A menudo los ciudadanos nos enteramos que las viejas prácticas persisten. Aparecen casos que contradicen la narrativa de un gobierno diferente.
La semana pasada, gracias a documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los llamados #guacamayaleaks, se publicaron dos historias en distintos medios que dan cuenta de cómo el gobierno de AMLO actúa igualito que los pasados.
Comencemos con el revelado por Latinus en una investigación de Ana Lucía Hernández. Resulta que en 2021, en plena ola de contagios por covid-19, José Ramón López Beltrán, el hijo de AMLO, se contagió del virus y, como suele suceder con los familiares presidenciales, lo atendieron en el muy eficaz y prestigioso Hospital Central Militar.
Es parte de los privilegios que tiene el presidente y su parentela. Pero esto es peccata minuta con la revelación de la Sedena. El Ejército realizó una operación para conseguirle al hijo del presidente un medicamento que estaba prohibido por el Gobierno mexicano. En Estados Unidos ya se había autorizado el uso de Remdesivir para el tratamiento del SARS-CoV-2. No así en México donde era imposible conseguirlo. No solo estaba prohibido, sino costaba una fortuna.
Pues bien, soldados acudieron a la Aduana del aeropuerto capitalino y el Almacén Central de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a recoger el medicamento que presuntamente se aplicó a López Beltrán.
Un asunto que demuestra que los privilegios no se acabaron en este gobierno. Influyentismo puro y duro. Mientras a los ciudadanos se les negaba un medicamento, incluso a los que estaban al borde la muerte, las Fuerzas Armadas le conseguían esta cura a uno de los hijos de su Comandante Supremo.
Ahí están los documentos oficiales de la Sedena que dan cuenta de la operación para privilegiar al primogénito de López Obrador. Segundo caso que cuestiona la narrativa de un gobierno diferente. Un informe secreto de la Sedena, también hackeado por el colectivo Guacamaya, demuestra cómo los militares siguen espiando en México con el ya famoso spyware Pegasus.
En un esfuerzo periodístico de R3D, Artículo 19, SocialTIC, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso nos enteramos cómo el Ejército hackeó el teléfono de Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, pieza clave en la investigación de una ejecución extrajudicial de tres civiles por parte de soldados en aquella ciudad fronteriza.
Lo espiaron con el fin de interferir ilegalmente en las pesquisas que Ramos estaba llevan a cabo sobre el asesinato perpetuado por los militares. El Citizan Lab de la Universidad de Toronto ya había comprobado la intervención ilegal del celular de Ramos en las mismas fechas en que la Sedena daba cuenta a la “Superioridad” del espionaje.
También hay evidencia, por cierto, de la adquisición de licencias de Pegasus durante este sexenio por parte del Ejército. No es la primera vez que salen pruebas de espionaje durante este sexenio.
Ya se había comprobado la violación de la privacidad de dos periodistas (Ricardo Raphael y otro de Animal Político), así como del diputado Agustín Basave. Como en tiempos de Calderón y Peña, el gobierno de AMLO espía, no necesariamente a personas que ponen en peligro la seguridad nacional.
¿Y cuál fue la reacción del presidente cuando le preguntaron en la mañanera sobre el espionaje a Ramos?
Negarlo. Decir que no era espionaje sino “inteligencia”, desacreditar a los periodistas y, por supuesto, repetir que ellos no son iguales a los del pasado.
Ahí ustedes dirán si le creen o no.
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