La oferta gubernamental de programas de desarrollo social, pese a que contará con el presupuesto histórico de 1.5 billones de pesos para 121 estrategias este año, está lejos de ser integral y de cubrir los riesgos de la población a lo largo de su ciclo de vida, concluyó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En la presentación del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, afirmó que, a partir del uso de la metodología de riesgos durante el curso de vida, y al evaluar los impactos que se produjeron tras la pandemia de covid-19, se pudo observar que, en el caso de niños y jóvenes, la política social carece de estrategias para cubrir a los hijos de madres trabajadoras en seguridad social.
Además, el informe destacó que no hubo estrategias claras para resarcir las afectaciones de la pandemia en la educación para la infancia entre los 6 y 11 años.
El secretario ejecutivo del Coneval también señaló que no existen programas que atiendan adecuadamente la salud mental para ningún grupo etario, ni tampoco estrategias para prevenir ni combatir el trabajo infantil ni el embarazo adolescente.
Para el caso de jóvenes, adultos y adultos mayores, el Coneval identificó que la política social no cubre los riesgos por desempleo, que hay disparidad en la atención a la salud entre los derechohabientes de instituciones públicas y quienes no lo son, además de que tampoco hay estrategias en lo referente a la salud mental y psicoafectiva.
Ante esta situación, tanto José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, como Santiago Levy, investigador principal Brookings Economic and Social Policy in Latin America Initiative, se pronunciaron por una política social que rompa con la fragmentación que actualmente existe, en el cual con muy pocos programas se pueda dar una mejor protección social a toda la población.
En este contexto, Santiago Levy expresó que la política social del país hoy mantiene las mismas deficiencias del pasado, en el sentido de que nunca se ha podido articular una estrategia clara y universal en favor de toda la población, y que por el contrario, lo que se hace en cada gobierno es crear programas que intenten subsanar carencias sociales a grupos poblacionales específicos, como por ejemplo, darles acceso a la salud, a una pensión o la seguridad social a quienes no están cubiertos por el IMSS, ISSSTE o alguna otra institución pública.
Levy añadió que, por ejemplo, habría que preguntarse qué pasaría si el país lograra afiliar a toda su población al IMSS, y su hipótesis es que muchos de los riesgos que hoy se identifican en la población podrían ser resueltos.
Por esta razón, Santiago Levy se pronunció a favor de pensar en una estrategia de protección social universal que lleve los servicios sociales (salud, educación, seguridad social, etc.) a toda la población, sin distinción de si es trabajador formal o informal, u otro tipo de características socioeconómicas.
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