La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), expresó su preocupación por las manifestaciones realizadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, donde le atribuye el hecho de haber "colaborado" con la fuga de un delincuente.
Señaló que la denuncia ante la Fiscalía General de la República presentada por el gobierno capitalino en contra del impartidor de justicia muestra el reiterado “asedio” en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus integrantes, quienes, dijo, gozan de plena independencia para dictar sus resoluciones.
Fabián Oswaldo, El Junior o El Cachorro, es cabecilla de La Ronda 88, vinculada con delitos de narcomenudeo y homicidio, por lo que se trabaja para su localización y reaprehensión.
La BMA destacó que la responsabilidad de la custodia de los procesados no recae en los miembros del Poder Judicial Federal, sino en las autoridades competentes . “Atribuir al juez la responsabilidad de permitir una fuga después de otorgar la libertad es incorrecto y muestra un desconocimiento de las funciones judiciales”.
Reiteró que “estos ataques contra el PJF representan una clara amenaza a la independencia judicial, debilitando la indispensable separación de poderes y poniendo en riesgo la seguridad de los jueces . Es obligación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México preservar el respeto por la autonomía del Poder Judicial Federal y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio imparcial de la justicia en nuestro país”.
Juez que absolvió a Rosario Robles
Omar Paredes Gorostieta Femat es el polémico juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur, quien en febrero del año pasado absolvió a la ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga del delito de ejercicio indebido del servicio público, por los que pasó tres años presa.
El juez dio cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el noveno tribunal colegiado en materia penal y consideró que la ex secretaria de Estado debió enfrentar un procedimiento de carácter administrativo.
Por ello la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron en ese entonces el fallo del togado pues coinciden en ignoró indicios de prueba que vinculaban directamente a la ex funcionaria con los hechos ilícitos.
En su momento la FGR afirmó que con su resolución, Gorostieta Femat estaba actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos; razón por la cual inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente en su contra.
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